El plan del gobierno para combatir el desperdicio alimentario

Si se aprueba, será obligatorio que bares y restaurantes permitan a sus clientes llevarse las sobras a casa.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos que afecta tanto a las empresas de la cadena alimentaria como a la hostelería. Esta última, por ejemplo, tendrá que permitir a sus clientes que se lleven a casa las sobras de lo que consumen.

Solo es un proyecto, no como la ley que obliga a los bares y restaurantes a servir agua del grifo en España, entre otras cuestiones, pero es interesante conocer sus entresijos porque incluye medidas ambiciosas. La citada de la doggy bag, el tupper de las sobras en el restaurante, es solo un ejemplo. 

Hay tantas medidas ambiciosas que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto ley que solo Francia e Italia tienen un marco legal como este que pretende sacar adelante el Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero de 2023. De ello dependen los trámites y plazos en el Congreso de los Diputados, donde debe ser aprobada la propuesta por la cámara, y el Senado. 

Objetivo: limitar el desperdicio alimentario

El objetivo del proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros es limitar todo lo posible el desperdicio alimentario en una cadena actual “ineficiente”, según Planas, ya que erradicarlo por completo parece casi una utopía, desgraciadamente. Para ello, propone regular con medidas que incluyen sanciones de hasta medio millón de euros para quienes cometan infracciones tipificadas como graves de manera reiterada, como reconoció el ministro de Agricultura, y también acciones de concienciación a la población acerca de esta cuestión con un impacto capital en la sostenibilidad medioambiental del sector de la alimentación. 

El máximo responsable del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha incidido durante su comparecencia posterior a la aprobación del decreto ley en la concienciación. “Se trata de una norma regulatoria y de concienciación, no intervencionista. Impone obligaciones, pero sobre todo quiere concienciar”, ha señalado. 

Planas ha incidido en este objetivo porque en base a los datos se estima que el 40% del desperdicio alimentario se procure en las tiendas y hogares, mientras que el 20% se da en la citada cadena alimentaria. En concreto, según datos del MAPA, en el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos. Esto hace una media de 31 kilos/litros por persona al año. 

Medidas para la cadena alimentaria

El proyecto de ley que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros obliga a las empresas de la cadena alimentaria a tener diseñado un plan de prevención para minimizar el desperdicio alimentario. Tanto las pérdidas definitivas como la posibilidad de destinar alimentos a otros usos, siendo prioritario el consumo humano a través la donación o redistribución de alimentos.

En este sentido, el proyecto de ley incentiva la firma de convenios de colaboración entre las compañías protagonistas de la cadena alimentaria con empresas, entidades sociales o bancos de alimentos. En dichos acuerdos, según el proyecto de ley, deben recogerse detalles como las condiciones de recogida, de transporte y almacenamiento. Asimismo, las entidades sociales que colaboren y, por ende, reciban las donaciones, deben garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Así se garantiza su control y también que no se destinen a fines comerciales. 

Además, junto a la incentivación de este tipo de sinergias, el proyecto de ley del Gobierno en materia de desperdicio alimentario propone la transformación de alimentos no vendidos en las propias tiendas. Por ejemplo, en zumos o mermeladas, dos derivados que se pueden obtener de frutas muy maduras, que no estén aptas para ser comercializadas en piezas enteras. 

En el caso de que los alimentos tampoco sirvan para producir derivados para el consumo humano, el proyecto de ley insta a que se utilicen para alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria o la obtención de compost y biocombustibles. Así lo destacó en su competencia de prensa el ministro. Agricultura, Luis Planas, dejando claro que este era el orden de preferencias para el uso de los desechos alimentarios.

La hostelería, también involucrada

La hostelería también es protagonista de algunos puntos de este proyecto de ley contra el desperdicio alimentario. 

Por ejemplo, este estipula, según ha confirmado el ministro Planas, el derecho de los consumidores de llevarse de forma gratuita aquello que les sobre de lo que hayan comido. Es decir, este servicio que muchas empresas de restauración ya ofrecen de manera voluntaria, pasaría a ser obligatorio si se tramita el plan del Gobierno. No podrán cargar coste alguno y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario y que sean reutilizables o reciclables. La única excepción a esta medida cuyo es objetivo es que “no acabe en la basura” la comida consumida, en palabras de Luis Planas, son los establecimientos tipo bufé libre. 

Además, el proyecto de ley también establece que los bares y restaurantes firmen acuerdos o planes de colaboración con entidades sociales y bancos de alimentos para reutilizar aquellos alimentos que no sean vendidos.  

Rubén García

Rubén García

Durante años me dediqué a la comunicación deportiva, pero me di cuenta a tiempo de que en mi otra gran pasión, la gastronomía, no era tan alto el riesgo de sufrir esguinces de tobillo. Ser "entrenador personal" del paladar es mucho más placentero. Yo me lo guiso, yo me lo como, y de paso lo comparto, porque las comidas inolvidables son las que se disfrutan en buena compañía.

Continúa leyendo