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Trabajo a Tiempo Parcial. ¡También Discriminadas!

Para muchas mujeres la única manera de conciliar las responsabilidades familiares con la vida laboral es recurrir a los trabajos a tiempo parcial pero resulta que en este terreno las mujeres también resultan perjudicadas. Y es que según el Tribunal Europeo de Justicia, las condiciones de acceso a las pensiones contributivas que la legislación española prevé para las relaciones laborales a tiempo parcial son injustas y discriminatorias para las mujeres.
Aunque la norma no diferencie entre mujeres y hombres, como hay mayor proporción de mujeres que de hombres que tienen este tipo de relación laboral en nuestro país, acaban convirtiéndose en las mayores perjudicadas por este sistema. La legislación española que regula la pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial exige un período de cotización proporcionalmente mayor que a los trabajadores a tiempo completo para acceder a una pensión de jubilación contributiva (cuya cuantía, además, ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada).
El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres. Y este es el caso ya que en España al menos el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.
El Tribunal respondió así a una pregunta prejudicial remitida por un juzgado de Barcelona que trata el caso de una mujer que, después de trabajar en la limpieza de una comunidad de propietarios a jornada parcial durante 18 años, al cumplir 66 años vio denegada una prestación de jubilación por no reunir el período mínimo de cotización de quince años exigido por la ley española.
La norma española computa las horas efectivamente trabajadas calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. Este método que se emplea para calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, priva en la práctica a los trabajadores a tiempo parcial de toda posibilidad de obtener tal pensión. Así, la Corte europea determina que tal legislación nacional española "es contraria a la Directiva citada y constituye una discriminación indirecta".

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