Entrevista a Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

Victoria Rosell tiene una amplia trayectoria combatiendo la violencia machista desde los tribunales. Hoy, es la delegada el Gobierno contra la Violencia de Género.

  • Autor: Merche Borja

Magistrada desde 2001, Victoria Rosell dejó de lado su carrera judicial hace unos años para dedicarse a la política de la mano de Podemos, partido por el que fue diputada en el Congreso. Desde enero de este año, es la responsable de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, organismo que depende del Ministerio de Igualdad.

El 12 de julio se celebra la Carrera Contra la Violencia de Género. ¿Cómo valora la Delegación del Gobierno eventos como este?

Son muy necesarios todos los actos de concienciación y sensibilización ciudadana contra la violencia de género. Máxime en tiempos en los que, por una parte, ha habido otras prioridades vitales, y, por otra, un auge de los ataques a la igualdad.

Es muy de agradecer que, pese a las circunstancias difíciles que estamos viviendo como sociedad, se mantengan todas las iniciativas en favor de las víctimas.

“Solo el 21,7 % de las mujeres que han sufrido violencia de su pareja denunciado

El confinamiento ha sido un calvario para las víctimas de violencia. ¿Qué acciones se tomaron para paliar su situación?

Desde el mismo día en que se declaró el estado de alarma, en la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género (DGVG) nos pusimos a trabajar para adaptar los servicios al confinamiento. Llamamos al sistema VIOGEN, para pedir un seguimiento telefónico más exhaustivo de las víctimas, modificamos los contratos del 016 y de los dispositivos de seguimiento para permitir el teletrabajo de las operadoras, pedimos a todas las Comunidades Autónomas que actualizaran los servicios para que ninguna víctima se encontrara desasistida, actualizamos la web, conseguimos que la atención a la violencia de género fuera declarada servicio esencial, elaboramos un plan de contingencia y una guía de recursos para las víctimas, un contrato de emergencia para un servicio de mensajería instantánea de apoyo psicológico con especialistas, una campaña de difusión…

No hemos parado, porque el COVID-19, para las víctimas de violencia, era una pandemia sobre otra pandemia. La emergencia no podía dejar atrás una enfermedad social crónica como es la violencia de género.

¿Qué pasará durante la etapa de nueva normalidad?

Durante el confinamiento, se ha desarrollado mucha violencia de control. Aunque hayan disminuido los quebrantamientos de alejamiento, y la violencia entre parejas que no conviven, las más jóvenes también han sufrido violencia digital. Con la desescalada, los agresores que han tenido sometidas a las víctimas durante 24 horas al día tienen una sensación exacerbada de pérdida de control, y puede traducirse en violencia física.

¿Cómo tienen previsto actuar desde la Delegación ante estas previsiones?

Hay que seguir insistiendo en la responsabilidad social: acabar con la violencia de género no está en manos de la judicatura, ni de la policía, sino de toda la sociedad. La DGVG propone las políticas contra la violencia a todo el Gobierno: al Ministerio de Justicia, a Sanidad, a servicios sociales... porque son vitales en la detección precoz la atención primaria, urgencias, pediatría, salud mental, obstetricia, las entidades especializadas en explotación sexual, el sistema educativo…

Hace poco, habló del desarrollo de una certificación digital de las víctimas de la violencia de género.

Aún es un proyecto, pero es un cambio de paradigma: un agresor puede tener antecedentes en VIOGEN y antecedentes penales, pero solo la Justicia lo sabe. Es una garantía para él. Sin embargo, para las víctimas es al contrario: si las víctimas que lo deseen tuvieran una certificación digital frente a toda la Administración Pública, no solo en Justicia, sería un gran avance. Supondría algunas notificaciones directas e inmediatas (insisto, voluntariamente), y no tener que contar toda su historia cuando piden protección y recursos a la Justicia, pero también a empleo, vivienda, becas para educación, ingreso mínimo vital…

Evitar la revictimización que supone documentar la situación cada vez y, al mismo tiempo, lograr una protección más coordinada entre administraciones.

Hay más mujeres que denuncian, la sociedad está más concienciada, pero los asesinatos machistas apenas se reducen. ¿Por qué no conseguimos doblegar esa curva?

Los asesinatos machistas son el resultado más extremo de la desigualdad de la mujer. Son la punta del iceberg de una violencia social, estructural, que hunde sus raíces en nuestra cultura patriarcal. Solo si logramos la igualdad en la educación, en casa, en la calle, en el empleo, en las pensiones... conseguiremos terminar con la violencia machista.

¿Por qué, a pesar de las evidencias, todavía hay personas e incluso políticos que se resisten a admitir que existe la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo?

Puedes negar que existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, pero es una evidencia palpable. Y no lo dice este Gobierno, sino los organismos internacionales, las personas expertas y las leyes y tratados. La reacción del patriarcado, de quienes
no quieren admitir la desigualdad, es virulenta, pero pensemos que es directamente proporcional a los avances del feminismo, de la igualdad, de la democracia. En suma, que es contra lo que luchan los retrógrados.

“Acabar con la violencia de género no está en manos de la judicatura ni de la policía, sino de toda la sociedad

En 2017, se firmó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. ¿Hubiera sido posible este pacto hoy?

Querría contestar que sí, pero me temo que no. Las posiciones de Vox en el Congreso y en las instituciones niegan la violencia de género, carecen del mínimo respeto a la dignidad de las víctimas y de quienes defienden la igualdad real entre mujeres y hombres, y, en algunos de sus posicionamientos públicos, el PP se mostró, primero, condescendiente y, después, remando en contra del progreso que supuso el Pacto de Estado. Cuando decimos de Estado, significa un compromiso gobierne quien gobierne y requiere una altura de miras que, ahora, lamentablemente, no se aprecia en estas posiciones que miran más por el partido político que por el interés general.

En apenas 20 años, se ha pasado de hablar de ‘crimen pasional’ a ‘asesinato machista’. ¿El lenguaje importa?

Mucho. La forma y el contenido del mensaje. Aún hoy vemos tratamientos informativos impropios, ensalzando al agresor como ciudadano o como padre, poniendo en duda denuncias de acoso de mujeres que no se conocen entre sí, maltratando públicamente a
las víctimas más jóvenes de violación. También la justicia está evolucionando, pero más lentamente de lo necesario. Hemos avanzado, sin duda, pero aún queda mucho por hacer.

A pesar de su carrera judicial, afirma que la violencia de género no es un problema judicial, sino social. La solución, ¿también es social, entonces?

El poder judicial no puede acabar con el machismo en el que hunde sus raíces la violencia de género. Es el único que puede imponer una pena, pero está sometido a todos los condicionantes del proceso penal pensado más para las garantías del acusado que para la protección de las víctimas, la gran asignatura pendiente de la Justicia. Su función es limitada, y es una puerta estrecha, a veces cerrada, para determinadas víctimas. Solo el 21,7 % de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja ha denunciado, y, en el caso de la violencia sexual fuera de la pareja o expareja, el 11,1%.

Con tales datos, es evidente que se necesitan actuaciones desde los demás servicios públicos: para la prevención, es esencial la educación; para la protección, sanidad, derechos sociales, políticas de empleo, de vivienda. La solución para salir de la violencia es romper el círculo de la dependencia económica y emocional del agresor. Y el apoyo del entorno, de toda la sociedad, que demuestre un rechazo unánime a la violencia y al machismo.

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